​Más de 300 personas de 24 países, entre reporteros freelance y periodistas de 80 medios internacionales, así como 23 organizaciones en defensa del periodismo, suscribieron el pronunciamiento que denuncia el ataque al periodismo en Perú a través de la aprobación de la Ley N.º 32301, o APCI, promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 14 de abril pasado.  

 

¿Cómo esto supone un ataque a la libertad de prensa? 

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Esta nueva norma afecta a los medios independientes que funcionan bajo la figura legal de asociaciones civiles sin fines de lucro e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de la cooperación internacional. 

 

En su texto, se obliga a los periodistas a pedir permiso al Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público (casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública). 

 

La ley incluye términos ambiguos como “intervención en política interna” o “actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional”, que dejan abierta la puerta a una aplicación arbitraria contra cualquier medio de comunicación que cuestione al poder.

 

Esto será posible ya la que ley : 

• Exige ―de manera inconstitucional y bajo amenaza de drásticas sanciones― la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

• Estipula que el director de la APCI será nombrado por la presidenta de la República, quien está sometida actualmente a distintos procesos fiscales a causa de investigaciones periodísticas.

• Otorga al Poder Ejecutivo la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa (casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública).

• Prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública.

• A causa de estos controles previos, los medios tendrán que informar a la APCI sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y la agencia estatal tendrá la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución” de los mismos.

• Vulneración de los derechos al secreto profesional y la reserva de las fuentes.

• Sin protección legal para las o los periodistas que serán sujetos de acoso judicial.

 

Un mecanismo de censura 

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Diez días después de que el Congreso aprobara la nueva Ley del Cine, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301 para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el 14 de abril de 2025.

 

A inicios de abril el Congreso votó la nueva Ley del Cine que limita los fondos públicos al desarrollo de la industria y los concursos que antes existían. La norma establece que los subsidios y estímulos económicos no deben superar el 70% de los costos de producción. Y, por lo tanto, tendrá que acreditarse tener 30% del presupuesto al postular al concurso. Esto afectará las producción más pequeñas o independientes. 

 

Adicionalmente, el cine indígena queda excluido al no ser tratado como una política pública diferenciada y, por tanto, se le destinen recursos específicos, permanentes y autónomos. El cine también es una forma de resistencia cultural y una herramienta para la preservación de lenguas, costumbres y formas de vida. La nueva ley del cine peruano, tal como está estructurada, no favorece el desarrollo de este cine y podría acabar con las posibilidades de autovisibilización de las comunidades indígenas.

 

Lo más grave es que, así como la Ley APCI, esta «censura la libre expresión consignada en la Constitución del Perú», ya que establece en el punto 13 una frase ambigua. ¿Quién determinará esto y bajo qué criterio? 

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El pensamiento crítico que incomoda

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Es importante mencionar que, en la última década, el cine peruano y la prensa independiente en Perú han sido espacios claves para la publicación de historias relacionadas a la memoria histórica, historias que muestren otros puntos de vista,   o información de interés público, especialmente en lo relacionado con actividades ilícitas o abusos de poder tanto en el sector público como en el privado. 

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Desde Pueblo Films, rechazamos estas dos leyes. A lo largo de estos casi dos años nos hemos esforzado para proponer e investigar historias de relevancia pública desde el periodismo y el cine documental a través de historias dónde se investigaron derrames de petróleo provocados por empresas estatales y privadas así como su impacto en las comunidades locales, afectación por metales pesados en la salud pública, o historias relacionadas con la violencia de género. 

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El control sobre la creación cinematográfica y el periodismo son siempre los primeros blancos en contextos autoritarios y conservadores. Solo basta con abrir los libros de Historia para no olvidarlo. 

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Lee el pronunciamiento contra la censura hacia el periodismo y la lista de firmas :